Washington.- Los esfuerzos del Gobierno de George W. Bush por impedir un nuevo atentado terrorista en suelo estadounidense tras el 11-S iban mucho más allá del polémico programa de escuchas sin orden judicial, según un nuevo informe.
En el documento, de 43 páginas, un equipo de cinco inspectores generales concluyó que el ex presidente ideó un extenso programa de actividades de inteligencia secretas que generaron poderes “sin precedentes” al gobierno en materia de espionaje, de acuerdo con el texto que recogieron ayer los medios estadounidenses.
En el periodo previo a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la llamada “Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA)”, que data de 1978, fue vista como la principal herramienta de las autoridades estadounidense para interceptar comunicaciones en pro de la seguridad nacional.
En los días posteriores al 11-S, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) se basó en esta ley para reunir información de inteligencia sobre los atentados.
En esa fecha, el entonces director de la CIA, George Tenet, preguntó al director de la NSA, Michael Hyden, si la agencia podía hacer más contra el terrorismo, a lo que éste le respondió que todo lo demás excedía las competencias otorgadas en materia de espionaje.
Poco después, Bush autorizó en un solo decreto presidencial a la NSA para efectuar actividades nuevas, altamente clasificadas.
Las actividades autorizadas por el ex presidente siguen siendo clasificadas, AP aunque en 2007 el entonces Fiscal General, Alberto Gonzales, reconoció en una carta que existían.
Solo se sabe lo que admitió en 2005 el Gobierno; que autorizó interceptaciones de comunicaciones internacionales sin orden judicial cuando hubiera una “base razonable” para concluir que una de las personas es un miembro de Al Qaeda, afiliado de Al Qaeda o un miembro de una organización afiliada a este grupo terrorista.
Fue conocido como “Programa de Vigilancia de Terroristas”, lo que, sumado a las otras actividades no desclasificadas, derivó en el “Programa de Vigilancia del Presidente”. El ex presiden te Bush autorizó cada 45 días las actividades de inteligencia contra presuntos terroristas y ordenó que se mantuvieran en secreto.
El informe indica que, por expresa orden de la Casa Blanca, solo un grupo muy reducido de personas podía tener conocimiento del programa.
También pone en duda la base legal esgrimida por altos funcionarios para autorizar las actividades de inteligencia e incluso relata un desacuerdo entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia sobre la validez de las justificaciones.
En 2004, Bush accedió a modificar el programa y a eliminar ciertas actividades de inteligencia.
OTRO CASO SOBRE LA GUERRILLA DEL TALIBÁN
El gobierno del presidente George W. Bush (2001-2009) intentó reiteradamente bloquear investigaciones sobre el supuesto asesinato de hasta 2,000 prisioneros talibanes, pero respaldó a un jefe de milicias afganas en 2001, informó el viernes el New York Times.
Altos funcionarios estadounidenses desestimularon pesquisas separadas a cargo del FBI y del Departamento de Estado en este episodio, porque fue llevado a cabo por las fuerzas del general Abdul Rashid Dostum, un jefe de milicias que por entonces figuraba en la planilla de salarios de la CIA, aseguró el Times en su sitio web.
Una investigación dirigida por el departamento de Defensa jamás fue concluida, informó el periódico.
La milicia del general había trabajado en estrecha colaboración con las fuerzas especiales de Estados Unidos durante la derrota de los talibanes por parte de la Alianza del Norte, de la que Dostum formaba parte.
La Alianza contó con el apoyo aéreo, logístico y estratégico de Estados Unidos.
Las actividades autorizadas por el ex presidente siguen siendo clasificadas, aunque en 2007 el entonces Fiscal General, Alberto Gonzales, reconoció en una carta que existían.
