SAN JOSÉ.- El ex presidente costarricense Rafael Ángel Calderón comenzó a ser juzgado ayer acusado de cobrar comisiones ilegales por la compra en Finlandia de equipo médico para el Seguro Social, proceso que podría truncarle sus aspiraciones de postularse en las elecciones de 2010.
“Este es un largo proceso así que hay que tener paciencia. El más interesado en que la verdad salga soy yo”, dijo a la prensa el ex mandatario (1990-1994), al llegar a los tribunales en San José para el juicio oral y público.
La Fiscalía acusa a Calderón, de 58 años, y a otras siete personas de haber recibido comisiones ilegales por la compra de 39,5 millones de dólares en equipo médico por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a la compañía finlandesa Instrumentarium Medko Medical.
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Calderón, quien enfrenta cargos de peculado y corrupción agravada, ideó un plan delictivo para comprar el equipo sin importar su utilidad para el Seguro Social, a cambio de retribuciones ilegales que ascendieron a unos nueve millones de dólares, repartidos entre los implicados, según la Fiscalía.
El ex presidente socialcristiano, quien estuvo preso un año luego de que estalló este escándalo en 2004, habría recibido en cuentas bancarias más de medio millón de dólares en comisiones giradas desde Finlandia, de acuerdo a la Fiscalía.
Calderón es el primer ex presidente de Costa Rica llevado a juicio por corrupción, aunque le seguriría los pasos el ex mandatario Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), acusado en otro escándalo por comisiones ilegales y quien tuvo que renunciar por esto a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos.
El ex mandatario e hijo del popular ex presidente Rafael Angel Calderón Guardia (1940-1944), insistió en su inocencia este lunes al comenzar el juicio, dijo que confiaba en que “vuelva la paz y la tranquilidad a nuestro hogar”.
“Queremos que toda la verdad salga”, dijo el político, quien aspira a postular nuevamente a la presidencia en los comicios de 2010 como líder de la oposición socialcristiana, y quien arriesga hasta 12 años de prisión en este juicio.
El Seguro Social y la Fiscalía exigen que los acusados paguen al Estado de Costa Rica 135 millones de dólares para compensar el daño material y moral causado al país, en un juicio en el que deben declarar 277 testigos.
